La situación del sistema de atención a la discapacidad en Argentina atraviesa una crisis profunda, que ya no puede ser ignorada. Así lo expresó Nora Miriani, directora del Centro de Día “Juntos” ya que indica que el centro enfrenta diariamente los efectos de un sistema colapsado, que arrastra años de deterioro estructural, financiero y político.
«Hoy hablamos de emergencia porque el sistema dejó de funcionar», señaló Miriani. Los problemas son múltiples: desde aranceles desactualizados hasta demoras de más de seis meses en los pagos por parte de obras sociales como Incluir Salud. A esto se suma una actualización mínima del 3% en 2024, que no alcanza a cubrir ni de lejos la inflación acumulada. En algunos casos, aún hay prestaciones impagas desde mediados de 2023.
Miriani explicó que el equipo de “Juntos” —compuesto por 13 profesionales monotributistas— continúa prestando servicios a pesar de los retrasos en el cobro, en un contexto donde el aumento de los costos y la falta de recursos hace cada vez más difícil sostener la atención. “Todos pagamos matrícula, monotributo, y debemos organizar las finanzas para pagar sueldos sin saber cuándo vamos a cobrar», explicó. El compromiso del equipo es tal que, en ocasiones, deben suplir el faltante de medicamentos y pañales que deberían ser provistos por PAMI, obra social de las personas que reciben pensiones no contributivas.
La situación llevó a la convocatoria de una movilización nacional para exigir la declaración de emergencia en discapacidad. Este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, muchos centros prestadores cerrarán sus puertas en apoyo a esta demanda, que busca visibilizar la urgencia de una reforma integral. Entre los puntos clave que se esperan tratar en el Congreso, destacan la actualización mensual de aranceles, la regularización de las deudas del Estado con los prestadores, una financiación real para pensiones, salud, educación y trabajo, y la eliminación de trabas burocráticas en el acceso al Certificado Único de Discapacidad.
Miriani también subrayó que esta problemática va más allá de lo económico. “Trabajar desde una ONG en discapacidad es una decisión política”, sostuvo. Y agregó que el objetivo de su labor es la inclusión como derecho, no como excepción. “Nuestro sueño es que no existan más centros de día, porque eso significaría que la sociedad está preparada para integrar verdaderamente a las personas con discapacidad”.
La directora de “Juntos” advirtió, además, sobre la falta de participación de las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisión política. “Hay que escuchar sus voces y construir políticas desde sus necesidades, no desde modelos estandarizados”, afirmó. Y cerró “En discapacidad hay tantos modos como cuerpos habitables. No hay un colectivo homogéneo, sino personas con historias, deseos y derechos. Y si no se garantizan los recursos para que esas personas vivan con dignidad, estamos fallando como sociedad”.
